Por Adriana Guadalupe Rivero Garza
o @femin_ite_iste
A raíz del espectáculo de strippers, que el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas ofreció –yo digo impuso porque no hubo un acuerdo general previo para que esto sucediera– a las docentes, investigadoras o académicas de dicha Institución, se han vertido una serie de comentarios acerca del hecho y del comportamiento de las universitarias alrededor del mismo.
Me gustaría,
amable lector, lectora, compartirle algunos aspectos del por qué considero que
no debió contratarse un evento de este tipo (voy a quitar con motivo del
festejo del día de la madre, mi voz hubiera alzado así se tratara de cualquier
evento público) y, además, quisiera argumentar por qué una decisión
institucional –no individual–, poco apegada a fomentar acciones a favor del
respeto de los derechos de las mujeres trajo efectos negativos para las
agremiadas y subrayo: específicamente contra todas las mujeres de la Universidad.
Primero,
me gustaría resaltar que dado a que vivimos en una sociedad condicionada por
roles y estereotipos de género (en este caso cruzados por condición económica,
política, cultural, laboral, etc.) es que diversas formas de discriminación y
violencias contra las mujeres son invisibilizadas, justificadas y/o
normalizadas. Por ello es importante señalarlas, evidenciarlas, denunciarlas; mostrar
que éstas no dependen sólo del “agresor” o “violentador de los derechos
humanos” sino, también, hay que desentrañar los múltiples factores y contextos
que la propician.
Es que, mire
usted, las violencias contra las mujeres son un fenómeno histórico, social y
estructural que no son fáciles atacar y/o erradicar; a veces ni de comprender
porque hay que revisar varios aspectos que las promueven y desencadenan. Por lo
pronto, me interesa revisar la relación que tienen éstas con los derechos
humanos y con el género. Entonces, sirva el show
de strippers como ejemplo para dicho
análisis.
Quisiera comenzar con esta pregunta: ¿el show
de strippers implicó una o varias
transgresiones a los derechos humanos de las universitarias? Para poder
responder es importante, al menos, identificar a cuáles derechos humanos nos
estaríamos refiriendo. Desde mi punto de vista, al que se puede apelar ante un
espectáculo como este es: “a vivir una vida libre de violencia” (el cual
involucra a la dignidad, integridad, libertad, igualdad, no discriminación, entre
otros).
Las violencias contra las mujeres, como resultado
de la desigualdad entre los sexos, implican una forma
de ejercicio de poder y un mecanismo de control que se tolera a diario, por
ello son, en sí, una violación a los derechos humanos. Entonces, la pregunta sería ¿el show de strippers involucró violencias contra las mujeres? Sí. ¿De qué
tipos y modalidades? La respuestas a este último cuestionamiento implicarían
problematizar ¿a quiénes se agredió, en
qué espacio y de qué manera se agredió? Y, no es que sea irrelevante cuestionarse
por el “quién”, pero, prefiero no abundar en ello porque hay instancias legales
que pueden resolverlo.
Este evento
contratado por el SPAUAZ involucró –para algunas de las allí presentes– una
imposición que lastimó el derecho a la libertad. La omisión de la información o el hecho de que no se haya avisado
que en el festejo habría un espectáculo de strippers
transgredió nuestro derecho a decidir si anhelábamos presenciar un baile
con hombres semidesnudos; si deseábamos ser tocadas, restregadas o rozadas por
individuos desconocidos; o si queríamos observar cómo algunas de nuestras
compañeras estaban siendo hurgadas por un completo extraño.
Al respecto, alguien se atrevió a
decir: “si no les gustó, tenían la
libertad de salirse de la fiesta”. De entrada sí, tuvimos la libertad de
retirarnos del lugar, pero ese no es el punto, por ello he preferido no entrar
en esa discusión porque sé que esa débil argumentación lo que intenta es
descalificar, antes que generar diálogo o conciencia sobre las violencias de
género ocurridas a raíz de ello.
Aparentemente en ese momento la
mayoría de las maestras reunidas en el evento del SPAUAZ decidió libremente
participar de los bailarines y la música ofrecida (quiero pensar que fue así y
que ningún condicionamiento social y de género estuvo presente para que se
adhirieran a show). Sin embargo, una
decidió externar su inconformidad –en corto– al Secretario General; unas
cuantas se retiraron del lugar; otras prefirieron salir a la terraza mientras
terminaba “la fiesta”, fingieron entretenerse en sus aparatos móviles o
simularon que allí no estaba pasando nada (esto también por condicionamientos
de género que pesan sobre las mujeres); y, creo que esa minoría de la que
hablo, aunque aparentamos estar en otra cosa, en realidad estuvimos alertas
para que nuestro espacio personal no se viera vulnerado ante “la amenaza” de
que en cualquier momento los jóvenes semidesnudos se acercarían a nuestra mesa.
Qué incomodidad, ¿no? Pues sí, la molestia que se generó en algunas de nosotras
tiene que ver con el hecho de que se menoscabó nuestro derecho humano a vivir una
vida libre de violencia.
El artículo primero de la Constitución federal establece que todas las personas tenemos derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos formalmente. Esto implica –sí o sí– que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias deben promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos”. El SPAUAZ, aunque se trate de una asociación de académicos y académicas; se rija por el principio de autonomía colectiva o gremial, está obligado a cumplir con la legislación internacional, nacional y local; no sólo la universitaria. El Comité Ejecutivo (cuyo representante es el Secretario General), no obstante sea un órgano de implementación de los acuerdos de la Asamblea General y de la Coordinadora de Delegados, tiene la obligación de actuar con base en los derechos humanos de sus agremiados y agremiadas. A lo único a lo que no están obligados(as) es a incorporar la perspectiva de género en sus acciones (eso es una de las cosas que aún no se ha podido lograr, pero para allá vamos). Pero, sí debe conducirse conforme al principio de libertad e igualdad de sus apremiadas.
¿Cuál igualdad? ¿la de regalarles a todas un show de strippers? Si eso fuera, entonces, ¿dónde quedan las decisiones que en colectivo deben de tomarse?
El artículo primero de la Constitución federal establece que todas las personas tenemos derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos formalmente. Esto implica –sí o sí– que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias deben promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos”. El SPAUAZ, aunque se trate de una asociación de académicos y académicas; se rija por el principio de autonomía colectiva o gremial, está obligado a cumplir con la legislación internacional, nacional y local; no sólo la universitaria. El Comité Ejecutivo (cuyo representante es el Secretario General), no obstante sea un órgano de implementación de los acuerdos de la Asamblea General y de la Coordinadora de Delegados, tiene la obligación de actuar con base en los derechos humanos de sus agremiados y agremiadas. A lo único a lo que no están obligados(as) es a incorporar la perspectiva de género en sus acciones (eso es una de las cosas que aún no se ha podido lograr, pero para allá vamos). Pero, sí debe conducirse conforme al principio de libertad e igualdad de sus apremiadas.
¿Cuál igualdad? ¿la de regalarles a todas un show de strippers? Si eso fuera, entonces, ¿dónde quedan las decisiones que en colectivo deben de tomarse?
¿La de contratar dicho evento para demostrar que tanto las mujeres como
los hombres pueden divertirse con cuerpos hipersexuados, semidesnudos? No. Eso
no es igualdad y nunca lo será porque con ello se promueve e impone una visión hegemónica
y heteronormada de la convivencia humana; y lo único que desata son diversas
infracciones a los derechos humanos.
Esta indebida contratación de strippers para un evento público con maestras trajo como
consecuencia que se violentara a todas las universitarias. A las que asistieron y a las que no, a las que bailaron y a las que no, a las que consintieron y a las que no, a las que son madres y a las que no; es más, si me apuran, debo decirles que por el mensaje que envió la UAZ con este acto, se violentó a todas las mujeres dentro y fuera de la Institución. Sin embargo déjeme comentarle sólo cinco aspectos de este hecho tan lamentable:
1.- Se
actualizaron, en principio, una serie de violaciones a los derechos de las mujeres
allí presentes; de quienes no estuvieron de acuerdo, de quienes sí y de quienes
sólo acompañaban a sus madres. Porque, también se transgredieron derechos
humanos de los y las menores de edad que las acompañaban (por cierto, muchas mujeres,
por condicionamientos de género, no tienen o no pueden encargar a sus hijos(as)
para poder disfrutar de un tiempo libre).
2.- Se
generó una cantidad de comentarios denigrantes en contra de las maestras que
decidieron participar en la pista de baile; en esta sociedad es una constante
culpar a la víctima de la violencia que recibe. En este caso, de inmediato
comenzaron a circular videos –sin el consentimiento de ellas– en las redes
sociales sobre el show. Por lo que también existió violencia de
género en línea, que no tuvo y tiene otra intención más que “recordarnos” que
las mujeres “debemos cuidar nuestra reputación”: “Pero, por qué te quejas de los
malos comentarios, te lo mereces, tú tienes la culpa por pararte a bailar o
permitir que bailaran en tu mesa”.
3.- Se
dejó ver la violencia dirigida contra las universitarias que osamos levantar la
voz para denunciar en redes, medios de comunicación e instancias
correspondientes sobre la desafortunada decisión que tomó el SPAUAZ al imponer un show de strippers: “Bien, muy bien, no
te preocupes, no es un acto indebido, ellas son unas viejas locas, amargadas,
que no saben divertirse o tienen envidia de quiénes sí lo saben hacer”, "además ellas por qué reclaman, si ni siquiera son madres ni fueron al evento". Como si el derecho a la protesta estuviera limitado por condición de maternidad o por exclusividad de participación.
4.- Existió
el señalamiento o la criminalización de la compañera –no enunciaré su nombre
porque ello implica culpar nuevamente a una mujer– que decidió, sin avisar al
Comité Ejecutivo y al Secretario General del SPAUAZ, contratar dicho servicio
de bailarines: “la idea fue de una mujer, ella contrató, ella es la responsable”.
5.- Se
actualizaron una serie cuestionamientos a las universitarias que alzamos la voz
por este desafortunado hecho público –y que trajo como consecuencia lamentables
opiniones acerca de la comunidad universitaria–, por no habernos solidarizado
con otros actos de violencia de género institucional, perpetrados de manera
individual al interior de la UAZ y que, por su naturaleza, tienen un
procedimiento legal específico para su denuncia. Esto es, hemos sido señaladas
por no actuar en contra de todas las violencias contra las universitarias. Como
si estuviéramos obligadas a conocerlas y a pronunciarnos por ello y por todo.
En ese sentido quiero pensar que nos falta promover más el significado del
ejercicio de las ciudadanías.
Ante esta
serie de lamentables consecuencias, y otras más, que atrajo un evento tan
desafortunado como el que ocupa nuestra crítica, pareciera que las culpables
somos las mujeres y no las circunstancias sociales que permiten, promueven o
reproducen la violencia de género. A veces, preferimos dirigir nuestros
cuestionamientos hacia nosotras: por estar, por no querer estar, por denunciar,
por no denunciar bien y por todo, por contratar, por llevar a los hijos e
hijas, por no saber cuidar nuestra reputación, etc., etc.
Por ello, no creo prudente buscar un responsable
porque en ese camino nos perdemos; los prejuicios –de los cuales es muy
complicado despojarse– nos pueden hacer una mala jugada. Prefiero, en todo
caso, invitar a la reflexión y a generar conciencia sobre la violencia contra
las mujeres, que practicamos diariamente sin darnos cuenta, y en los efectos
que ello produce. Lo más grave de que en la UAZ se crea que se puede imponer en
los cuerpos de las mujeres formas de divertirse, es que se actualizó una
violencia más de las que ya de por sí iban en aumento en contra de maestras,
trabajadoras y alumnas.
